La leyenda del “chapín de aleta”
Durante mi curso de Open Water, el instructor nos preguntó al grupo cuántos creíamos haber comido chapín. No disimuló las ganas de reír cuando nos vio levantar las manos a varios.
No entendí el chiste hasta que nos mostró, en nuestra primera buceada de aguas abiertas, cómo se veía el chapín vivo bajo el agua. Era difícil de imaginar cuántos se tendrían que pescar en todo el país a lo largo del año para poder suplir la cantidad masiva de “carne de chapín” que supuestamente nos venden y consumimos.
En ese momento también pensé: si es tan común pescarlo, ¿por qué no lo había visto antes, en los supermercados o pescaderías al menos? Se me hacía difícil concebir una conspiración de esa magnitud, coordinada entre tanta gente. ¿Quién no ha probado las famosas empanadillas de chapín en este país?
Un par de años más tarde, un amigo del buceo me contaba de los tiempos en que buceaba en el área de Cabo Rojo y Mayagüez con su familia. Regresaban de sus salidas en bote con varios pescados que no tenían intención de comer, y se los vendían a restaurantes del área. Las especies que les vendían a los restaurantes terminaban rebautizadas en el menú: dizque “mero”, “dorado” y “sierra” en vez de colirrubia, loro y barracuda.
Fue durante esos años que mi amigo escuchó, por primera vez, del “chapín de aleta”. Era un código que usaban entre sí algunos pescadores y los dueños de establecimientos de comida en la zona oeste para referirse a su truco. Los restaurantes y kioskos les compraban a los pescadores las aletas mutiladas de rayas de espina y las hacían pasar por chapín a sus clientes después de guisarlas.
Investigación de UPR Mayagüez confirma fraude masivo
Chapín
En el 2022, una estudiante de maestría en Ciencias Marinas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR) utilizó técnicas de codificación de ADN para identificar con certeza las especies contenidas en las empanadillas de “chapín” a lo largo y ancho del país. Publicó los resultados de su investigación de tesis y comprobó el fraude.
El informe asegura que es la primera vez que se documenta científicamente el consumo de rayas en los establecimientos de comida del país. Sin embargo, el hallazgo más impactante para mí fue la escala del problema revelado.
La investigadora no solo encontró que se usaban rayas de espina para vender empanadillas de “chapín”, sino que identificó un total de 20 especies distintas de pescados en una muestra de tan solo 63 empanadillas, recopiladas al azar de comercios ubicados en 21 municipios costeros de Puerto Rico entre 2019 y 2020.
Solo 4 de las 20 especies eran de chapín, y 1 era de raya. Las más comunes eran especies de peces de agua dulce, comúnmente asociados con prácticas de acuicultura e importación de pescados.
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empanadillas contenían tilapia
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empanadillas contenían panga
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empanadillas contenían basa
Solamente 4 de las 63 empanadillas (6%) analizadas estaban hechas enteramente con especies de chapín. Otras 4 empanadillas contenían algo de chapín en su mezcla, aunque en proporciones desconocidas.
Comparen eso con las 13 empanadillas (21%) que estaban hechas solamente con tilapia.
Tiburón
El chapín no es el único pescado con el que la investigación de la UPR constató fraude. También examinó y encontró sustitución de especies en los productos de “tiburón”: en los pinchos predominaba el uso de panga y róbalo, mientras que la tilapia se detectó como sustituto en pinchos y empanadillas.
El estudio de la UPR también identificó 8 especies de tiburón protegidas que se están vendiendo en productos como filetes, empanadillas y pinchos de tiburón.
¿Causa común entre DACO y la FDA?
La sustitución fraudulenta de pescados y mariscos es un delito económico federal que cae bajo la jurisdicción de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) del gobierno estadounidense. Este delito federal incluye una posible condena de $10,000 y hasta 3 años de prisión por cada infracción.
La FDA explica que su definición de este tipo de fraude se comete cuando se sustituye una especie de pescado o marisco más cara por una especie de pescado o marisco más barata. La definición ofrecida en la ley federal, sin embargo, es mucho más abarcadora e incluye la venta de un alimento bajo el nombre de otro.
No encontré legislación equivalente en Puerto Rico que tipifique el fraude en los alimentos como un delito, específicamente. La ley que creó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) incluye una disposición general — escueta y monga — prohibiendo el “fraude o engaño o falsa representación” en los comercios, y asignó al DACO la responsabilidad de velar por su cumplimiento mediante reglamentación.
Me sorprendió la poca reglamentación diseñada para proteger a los consumidores de los establecimientos de comida en Puerto Rico. Sin embargo, existe otro reglamento del DACO que contiene una prohibición general un poco más parecida a la citada por la FDA:
REGLA 5 – PROHIBICIÓN GENERAL
Se prohíbe vender al consumidor un producto de calidad inferior o distinta a la expresada o a la implicada por la naturaleza del mismo o por la manera de ofrecerlo.
No obstante, siempre y cuando no constituya peligro para la salud y seguridad, se podrá vender un producto de inferior o distinta calidad si el vendedor, luego de una revelación completa sobre este hecho, previamente obtiene el consentimiento informado y expreso del consumidor.
Entre el 28 de abril y el 8 de mayo de 2023, DACO y la FDA firmaron un acuerdo de colaboración que debe durar hasta el 2026, con posibilidad de extenderlo. Entre otras cosas, DACO y la FDA acordaron colaborar en la realización de inspecciones e investigaciones de ventas al detal que caen bajo la jurisdicción de ambas agencias. La FDA también puso a disposición de DACO sus laboratorios para la realización de pruebas durante procesos investigativos.
No pude encontrar información pública que detalle de qué manera se ha aprovechado este acuerdo. Sin embargo, la FDA ha dado a conocer que posee la misma tecnología de pruebas de ADN para la identificación de pescados y mariscos que se utilizó en la investigación de la UPR.
La mala fama de la FDA
La unidad de periodismo investigativo de la revista científica arbitrada Science publicó en octubre de 2020 los resultados de una investigación que realizó sobre las ejecutorias de la FDA. Los investigadores de Science evaluaron aproximadamente 1,600 documentos de la agencia relacionados a su fiscalización de la industria farmacéutica durante un período de 11 años. Concluyeron que la FDA tiende a ser lenta, opaca y de paños tibios en su fiscalización. Otra investigación de la misma revista, publicada en 2018, concluyó que muchos empleados de la FDA terminan trabajando para las mismas compañías que tenían el deber de fiscalizar desde el servicio público.
DACO no tiene una cultura de opacidad pero sus poderes son muy limitados. Ni siquiera ha podido hacer valer el poco poder que sí tiene, cuando se enfrenta con comerciantes que no quieren cumplir con los fallos administrativos en su contra. Ni hablar de la falta de personal y presupuesto que viene arrastrando desde el 2013, al punto que desde el 2021 la agencia recurre a intentonas de humillación pública para darse a respetar.
Sin acción gubernamental para modernizar y fortalecer a DACO, resta cifrar esperanzas de fiscalización en la FDA.
Reflexión
¿Prestarán atención a los hallazgos de la investigación de la UPR?
En el mejor de los casos, la combinación de los poderes de la FDA con la tradición fiscalizadora de DACO pueden tener un impacto positivo para atender este fraude en los establecimientos de comida del país.
En el peor de los casos, se juntan los paños tibios de la FDA con las multas de poca monta de DACO. Mientras tanto, los restaurantes empobrecen el oficio de la pesca sin enfrentar consecuencias, y seguimos normalizando la estafa al consumidor.
¿Existen mecanismos para los pescadores defender la calidad y reputación de su oficio?
El fraude de pescados y mariscos inunda el mercado con productos baratos, usualmente importados, que tienen el efecto de deprimir los precios a los que nuestros pescadores artesanales y comerciales pueden vender sus productos. Esto, a su vez, desalienta la participación en la economía formal de la pesca comercial y artesanal en Puerto Rico.
Sin embargo, no pudimos encontrar recursos legales disponibles para que los pescadores comerciales se puedan hacer cargo de fiscalizar el mercado que mejor conocen, y del que dependen. Nuestros pescadores comerciales suelen estar muy bien organizados regionalmente, y son quienes conocen de primera mano cuáles son los negocios que compran los ejemplares cuya pesca les requieren monitorear.